ComunicadosCPN
A partir del análisis de las modificaciones que se pretenden dar con la “Ley Ómnibus”, consideramos que las mismas implican un retroceso en materia de salud y contradicen las convenciones internacionales tanto de Derechos Humanos, como de las Personas con Discapacidad.
Luego de décadas de políticas manicomiales, es decir, de encierro y, de prevalencia del paradigma médico hegemónico, nuestro país se destacó por una política novedosa y actualizada, de acuerdo a las definiciones internacionales respecto a la salud de las personas.
El modelo manicomial, profundiza y cronifica las patologías, sin visualizar un pronóstico favorable de la salud mental de las personas. Por eso es primordial nombrar y visibilizar la importancia de la salud mental y el papel que representa en la comunidad, como garante de prácticas inclusivas.
Las modificaciones pretendidas, dan prevalencia a la figura del juez y de lxs abogadxs en la toma de decisiones, dejando de lado, la evaluación necesaria y prioritaria por parte de un equipo interdisciplinario de psicólogxs, psiquiatras y trabajadorxs sociales. También, es llamativa la modificación de la conformación del órgano de revisión de la Ley, desestimando la participación de actorxs de la sociedad civil y organismos de derechos humanos.
La salud mental y el grado de inclusión social, dependen de las accesibilidades que se den dentro de la comunidad. En la actualidad, esta ley, no ha sido implementada plenamente, dado que aún no existe el presupuesto que la misma contempla.
En el país existen provincias que todavía no cuentan con la conformación del órgano de revisión, ni la inexistencia de dispositivos intermedios (casas de medio camino) que permitan un trato digno de las personas con padecimiento mental, y tampoco los insumos necesarios para las instituciones hospitalarias.
Observamos con gran preocupación y enfatizamos la necesidad de la plena implementación de la Ley 26.657 y no modificaciones que nos distancian del trato humanizado, y ponen en riesgo la autonomía y la libertad individual, incumpliendo con todos los tratados internacionales de los que Argentina es parte.